ACRZ

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.

      Cualquiera que esté libre de toda ideología y piense guiado por la sencillez del sentido común verá en este principio un criterio de Verdad y Libertad.

            La España actual en cambio confunde la igualdad de derechos y oportunidades con la igualdad ideológica del socialismo-comunismo, poniendo a todas las personas en un mismo nivel, es decir, igualándolas en su condición. Uno de los hechos que mejor evidencia esta realidad es la educación secundaria obligatoria (la ESO): 

            Todos esos alumnos que no ven en los estudios su futuro, y/o no se ven capaces de afrontarlos con éxito y/o tienen otras inquietudes, diferentes pero igual de sanas y nobles, etc. fueron privados de su libertad de empezar a labrarse su futuro mediante otras vías, condenados a más años de colegio. La mayoría de ellos desencantados al no sentirse realizados no ponen empeño en los estudios y se convierten en parásitos para el Estado, por causa del mismo. A estos alumnos se les ha privado de otras oportunidades antes existentes como la FP o aprender un oficio, porque el Estado y no los padres les obligan a permanecer en el colegio, pasando de curso con cuatro asignaturas suspendidas si es necesario.           

             En el ámbito político español encontramos muchos aspectos que incumplen este principio. Uno de los más significativos es la ley de paridad. Es bien conocido el caso del partido anti-taurino que al ser la mayoría mujeres no cumplía esta ley y tuvo problemas para presentarse a las elecciones. No deja de ser irónico que una ley que se hizo a favor de la mujer se volviera contra ellas, anulando su derecho y oportunidad de representar a sus votantes. 

            En el ámbito laboral: Derivado de la idea de Robín de los Bosques de robar el dinero a los ricos para repartirlo a los pobres, el estado restringe las oportunidades de los empresarios para tratar de beneficiar a los trabajadores, pero son estos últimos los más perjudicados. Ya que muchas empresas se ven obligadas a reducir drásticamente el número de trabajadores para poder salir adelante. No nos engañemos. Son las empresas las que dan trabajo al ciudadano y dinero al estado, y no al revés.

            Los partidos políticos son los máximos beneficiados de un sistema que lejos de garantizar la igualdad de oportunidades se dedica a repartir el dinero, el poco que no se queda, en ayudas, que se otorgan en función del perfil del votante que necesitan: aumento de la pensión para los ancianos, 400 euros de alquiler para los jóvenes… Ayudas que no necesitaríamos si el estado facilitara, o simplemente no pusiera tantas dificultades a, la creación de nuevas empresas y por tanto puestos de trabajo.

             El cumplimiento de este principio solo es posible en una democracia formal que por definición garantice la libertad de los ciudadanos y quede en éstos el control del poder. Todo ello mediante la total independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.