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   El modelo dominante del desarrollo actual merma el acceso y el control que tenían las comunidades de los recursos que necesitan para sobrevivir y desarticulan los sistemas locales de producción y de gobierno. La tierra, las selvas, el agua, las plantas, los animales y otros recursos naturales son cada día más convertidos en mercancías comercializadas y privatizadas. El estado, los negocios agropecuarios, la industria extractiva, el turismo a gran escala y los proyectos de infraestructura invaden las tierras, las extensiones de agua, y los territorios de los pueblos indígenas que antes eran públicos y comunales. Los negocios agropecuarios privados y las empresas de la biotecnología patentan las semillas y las razas del ganado.

   El agua, que es esencial para sostener la vida misma, la tratan como un bien económico que lo destinan a los usuarios que pueden pagar los precios comerciales.

La pesca de aguas comunales, las selvas, los pantanos, los pastos y los bosques se subastan a los ricos empresarios y las empresas de acuacultura comercial, las plantaciones industriales, y a las concesiones mineras y madereras, también a las empresas farmacéuticas y cosméticas las cuales roban el conocimiento local que era desarrollado por las comunidades desde hace generaciones.

   La violación de los derechos de los campesinos, los pastores, los pescadores y los pueblos indígenas para acceder y controlar sus recursos es un asalto a sus derechos de  comida, trabajo, y seguridad económica y cultural. La comercialización de la agricultura y las pesquerías ha dado como resultado la consolidación de las tierras de agricultura, las selvas, las semillas, las razas de ganado y otros recursos genéticos en las manos de las empresas agropecuarias y otros negocios comerciales, desplazando a comunidades enteras de sus tierras y sustentos tradicionales para buscar empleo inseguro, peligroso y mal pagado en otras partes. Los resultados son la emigración general de las familias de agricultores, pastores y pescadores, la creación de nueva pobreza y desigualdad entre las regiones rurales y urbanas, así como la destrucción de comunidades rurales enteras.

   Las mujeres y los jóvenes experimentan la mayor marginación. Las mujeres, porque son ellas que muchas veces guardan las semillas y el conocimiento local sobre el ganado y los productos de la selva, las hierbas medicinales, las plantas y las fuentes silvestres de comida. Los jóvenes, debido a que la destrucción de sus familias y sus comunidades les dejan con pocas oportunidades para el desarrollo personal o para un empleo.

   La soberanía alimentaria se basa en la autonomía local, la administración, la organización y la defensa del campo comunal. Asegura los derechos de las comunidades a acceder y controlar la tierra, los territorios, el agua, y la biodiversidad y les ayuda a resolver los conflictos sobre el uso de los mismos recursos por otras comunidades diferentes. No niega a los mercados, sino que trata de preservar el control comunitario-social de los mercados. Lo “local” es un espacio tanto económico como político, que ayuda a las comunidades de todo el mundo a identificarse con los asuntos y luchas de los otros y a formar estrategias unidas. Pero mientras privatizan el campo común y las fuerzas del mercado ocupan los espacios locales, la necesidad de sobrevivir empuja a las comunidades en conflictos los uno contra los otros.

   El asalto en contra los bienes comunes y los derechos de las comunidades al acceso y al control es impulsado por los estados/gobiernos, las instituciones financieras internacionales (IFIs) como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), y la Organización Mundial de Comercio (OMC), que actúan todos a instancias de las corporaciones nacionales e internacionales. Con el financiamiento de los países donantes ricos del norte, las IFIs controlan el modelo dominante del desarrollo, en que lo único que se defiende es el acceso de mercado para las corporaciones a los recursos y el conocimiento de las comunidades locales. La liberalización del comercio y de la inversión, la privatización del campo común y los servicio públicos, los regímenes de los derechos de propiedad intelectual  que facilitan a la “bio-piratería”, las tecnologías que niegan el control local, las “reformas agrarias” dirigidas por el mercado y la privatización del agua son marcas de este modelo de desarrollo destructivo. Este modelo también obliga a las comunidades locales y otros grupos a competir entre sí para el acceso y el control de una cantidad cada vez menor de recursos, así creando conflictos y divisiones sociales.

   En el actual modelo neoliberal del desarrollo, las corporaciones internacionales (con el apoyo activo de los gobiernos) controlan la cadena alimenticia desde los insumos, los recursos y la producción, hasta la distribución, el procesamiento y el comercio internacional. La clave a todo esto es la restricción y muchas veces la negación completa del acceso y el control de las comunidades a los recursos naturales y productivos, tanto como la toma de decisiones sobre el cómo organizar y administrar los recursos, la producción y la distribución.

   La soberanía alimentaría resiste a este régimen corporativo de alimentos y también crea el espacio para reclamar el acceso y el control para desarrollar unos principios de sistemas alimenticios, agrícolas y ecológicos sostenibles.